El Ministerio de Salud de la Nación tuvo que salir a aclarar que el ministro Juan Manzur no firmó ninguna resolución vinculada a la atención de abortos no punibles.

Lo hizo en medio de una fuerte polémica desatada por la difusión, por parte del mismo Ministerio de una nueva versión de la Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles que incluía condiciones más flexibles para la aceptación de mujeres víctimas de una violación.

Voceros de esa cartera afirmaron que se trató de "un error de la directora del Programa Nacional de Salud Sexual, Paula Ferro, la difusión "como resolución" del nuevo protocolo dirigido a los hospitales públicos.

El organismo había llegado a hacer pública una versión actualizada de la Guía técnica que señala claramente que "los procedimientos previstos" son de "aplicación establecida por Resolución Ministerial Nº 1184 del 12 de julio de 2010". Esa guía permite a los médicos interrumpir embarazos producto de violación sin necesidad de intervención judicial, lo que desató una nueva polémica entre sectores progresistas y conservadores.

Las leyes argentinas aceptan el aborto en los supuestos de violación probada, peligro para la vida o incapacidad mental, casos que se han dirimido en los tribunales, mientras que la guía oficial indica que los médicos "no deben ni están obligados a requerir la intervención y/o autorización judicial" en ciertas circunstancias.

Grupos religiosos y abogados acusaron al Gobierno de facilitar o "legalizar de hecho" el aborto por medio de una interpretación del Código Penal, extremo tajantemente rechazado por legisladores oficialistas y organizaciones feministas.