El jefe del gobierno porteño manifestó estar tranquilo y
sorprendió con el anunció. Reiteró acusaciones hacia Néstor Kirchner.
"Haré lo imposible para impedir que Kirchner se lleve
por delante las instituciones", dijo.
Mauricio
Macri anunció ayer que pedirá "abrir el juicio político" en su contra
por las acusaciones acerca de las escuchas ilegales, aunque ya estima que la
oposición no contará con los votos necesarios para su destitución.
"Estoy
muy tranquilo, no tengo nada que ocultar, lo que busco es darle la máxima
transparencia para demostrar que esto es una operación política de Néstor
Kirchner", reiteró el jefe comunal durante una conferencia de prensa en la
sede del Ejecutivo porteño, donde estuvo acompañado por los integrantes de su
gabinete, legisladores y diputados nacionales.
Macri
recordó que el último lunes pidió acelerar el juicio oral en su contra para
esclarecer el tema, mas reconoció que ahora la causa "depende del juez
Norberto) Oyarbide", que lleva adelante la
investigación en su contra.
Ante
el temor de que ese proceso demande meses e incluso años para obtener una
resolución --apuntó--, es que en su espacio se evaluó la posibilidad de pedir
un juicio político, que permitiría resolver el tema antes de fin de año.
"Lo
superaremos y estaremos trabajando en la gestión", confió Macri durante la
rueda de prensa, en la que recalcó una y otra vez su voluntad de "dar la
cara" y brindar las explicaciones necesarias para la causa.
Según
comentó, anteayer siguió atentamente la discusión en la Legislatura porteña,
donde sus referentes lograron frenar la conformación de una comisión
investigadora, y se preocupó porque "mientras hay legisladores con buena
fe, otros piensan en su interés personal".
El
anuncio de Macri fue puesto a consideración con su equipo a partir de ayer, con
la confirmación del procesamiento judicial, pero en su entorno afirman que se
trató de una "decisión muy personal porque está en juego su carrera
política".
En
el Pro pronostican que el proceso en la Legislatura podría comenzar en dos
semanas, cuando finalice el receso y ya esté en Buenos Aires la
mayoría de los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición.
Allí
se dará paso al trabajo a la comisión investigadora que se conformará en el
marco de la Sala
Acusadora, que tendrá 60 días hábiles parlamentarios para
emitir un dictamen en el que se determine si es o no factible un juicio
político.
En
el caso de que se avance con la petición, se deberá obtener los dos tercios de
los votos --30 sobre 45-- que el macrismo ya confía
en que no se alcanzará para lograr que el asunto pase a la Sala Juzgadora,
donde se definiría la continuidad del jefe de gobierno porteño.
En
el caso de la Sala
Juzgadora, la situación es algo más estrecha para el Pro, ya
que de sus 15 integrantes, el oficialismo tiene cinco, mientras que entre los
10 opositores está Daniel Amoroso, un ex macrista,
que responde al diputado nacional
Francisco de Narváez.
Macri
justificó la decisión del Pro de frenar la comisión investigadora en el
recinto, porque se trató de un mecanismo "desprolijo" en medio de una
sesión especial fuera del período ordinario.