La política de EE.UU. hacia América Latina pone el acento en drogas y migraciones. Obama ha cuestionado en la justicia la ley de Arizona contra la inmigración ilegal, pero el 60% de la opinión pública la apoya, incluso gran parte de sus propios votantes.

En este marco decidió enviar, a partir del 1 de agosto, 1200 hombres más de la Guardia Nacional para aumentar el control de los inmigrantes ilegales en la frontera con México (la mitad de ellos serán desplegados en Arizona).

A su vez, el 1 de julio se inició un operativo militar sin precedentes en Costa Rica, en cuyo territorio entraron con autorización del Congreso -este país y Panamá son los únicos de América Latina que no tienen Fuerzas Armadas- 7000 marines y 200 helicópteros transportados en 46 buques.

Se trata del despliegue militar más importante de EE.UU. en América Latina desde hace dos décadas, cuando tuvo lugar la ocupación de Panamá para derrocar a Noriega, quien acaba de ser juzgado en Francia. La causa de este despliegue es el riesgo de instalación de narco-gobiernos en la región del Caribe.

Cabe recordar que en Jamaica, la detención y extradición de un jefe narco a los EE.UU. generó una fuerte revuelta popular con decenas de muertos y heridos que llevó varios días sofocar y que en Surinam acaba de volver al poder un ex dictador que tomó el gobierno mediante un golpe en 1980 y que acaba de ser condenado en ausencia en Holanda por tráfico de drogas. La reciente huelga violenta en Panamá muestra que se generaliza la tensión en la subregión.

A su vez la lucha contra la droga también ocupa un lugar central en la agenda de varios países de la región. En lo que va del año, en México los carteles de la droga dieron muerte a 7000 personas, realizándose atentados con coches bomba que han sido calificados como el inicio del narcoterrorismo.

A ello se suma que va a cumplir dos meses secuestrado uno de los políticos más importantes del oficialismo (Cevallos), por el cual sus captores piden 30 millones de dólares. El presidente Calderón responde renovando su gabinete y aumentando el poder de sus hombres más leales.

En Guatemala, fuerzas militares capturaron un segundo mini-submarino que transportaba droga en las costas del país.

En Colombia -donde el presidente Uribe denuncia nuevamente a Chávez por sus vinculaciones con las FARC al mismo tiempo que va cercando al jefe del grupo (Cano)- el nuevo Presidente (Santos) toma cierta distancia de su predecesor, pidiendo una relación más digna con los EE.UU., incluyendo en ello la política contra la droga.

En Brasil, el principal candidato a la Vicepresidencia de la oposición denunció vinculaciones del PT con la droga, que está penetrando a través de la frontera con Bolivia, pero luego tuvo que desdecirse.

En cuanto a Evo Morales, puso en vigencia la controvertida ley de autonomías que las regulan en 9 gobernaciones, 36 regiones y 300 alcaldías. Un documento elaborado por tres ex presidentes latinoamericanos (Cardoso, Zedillo y Gaviria) propone un replanteo de la política en desarrollo contra la droga en América Latina.

Mientras Chávez en Venezuela se radicaliza, Cuba parece tomar el camino inverso. Acosado por la grave crisis económica que se manifiesta en una caída del 6% en el PBI e inflación próxima al 30% y una elección difícil en las legislativas que tendrán lugar el 28 de septiembre, Chávez opta por radicalizar su modelo.

Retira el embajador en Bogotá, profundizando el conflicto con Uribe y anunciando que no asistirá a la asunción de su sucesor; exhuma el cadáver de Bolívar para hacerle el ADN, denunciar que murió envenenado y plantear que a él puede sucederle lo mismo; rechazó que observadores chilenos asistan a la elección y calificó de troglodita al Arzobispo de Caracas, diciendo que denunciará el tratado con el Vaticano firmado en los años sesenta. Mientras tanto en Cuba se inició la liberación de disidentes, gestionada por la Iglesia y ejecutada por España, y a la cual se suma EE.UU., aunque con reservas.

Al mismo tiempo se amplía el trabajo por cuenta propia. Pero también Fidel reapareció públicamente, volviendo a ocupar el centro de la escena política.

En cuanto al Brasil, Lula entra activamente en la campaña, anunciando más medidas en el campo social y acciones para contener la inflación. Antes de la elección presidencial de octubre, se aumentarían el salario mínimo y las jubilaciones, cuando se informa que en mayo se han creado casi 200.000 puestos de trabajo formales nuevos y durante toda la gestión del Lula 8 millones.

mismo tiempo, el Presidente anuncia que se va a moderar el crecimiento para impedir que suba la inflación. Sus apariciones junto a la candidata oficialista (Rousseff) se hacen cada vez más frecuentes, buscando transferirle su popularidad, cuando los sondeos muestran empate con el principal candidato de la oposición.

También defiende la controvertida extracción de petróleo en el mar, que permite al país transformase en potencia energética, e interviene en la negociación entre el MERCOSUR y la UE, buscando destrabarla.

Esto sucede cuando en el Cono Sur, el Presidente chileno (Piñera) entra en controversia con su predecesora por los números de la pobreza y los cancilleres de Argentina y Uruguay se reúnen buscando poner punto final al conflicto bilateral por la papelera Botnia.